MOCIÓN MUNICIPAL
D. FRANCISCO JAVIER CORPA RUBIO, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL
LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMBARGO
EN SU VIVIENDA.
Con el estallido de la crisis y el aumento del
paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no
les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007
y 2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones
hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se ha podido
rebasar la cifra de 500.000.
Además de perder la vivienda,
miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se
traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron
la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al
lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se
descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es
el caso de las cláusulas suelo.
Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y
democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la
parte más vulnerable del contrato
hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida
responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los
impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que
siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
El derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente
recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice:
“Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”
También en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la
propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se
incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o
en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos
de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión).
La pérdida de la vivienda priva al individuo o la familia de toda
residencia y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía
administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las
personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.
Los desahucios –aún más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en
forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que
desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y los
ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el
conjunto del territorio municipal.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo
Municipal Socialista propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente
acuerdo:
1.
Pedir
al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca
y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación
hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los
casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la
vivienda, la totalidad de la deuda
(principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y
como sucede en otros países de la
UE o en EEUU.
2.
Instar
al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para
paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia
sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se
aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos
vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de los
embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas
y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la
renta familiar disponible.
3.
Más
allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a
nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial
mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las
asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales
conocedoras de la
problemática. El objetivo principal de dicha comisión será
buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los
casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias
afectadas.
De esta moción se dará traslado a:
- Ministerio de Economía
- Ministerio de Justicia,
- Portavoces de los grupos políticos del Congreso y el
Senado,
- Parlamento Autonómico
- Plataforma de Afectados por la Hipoteca
- Asociaciones de vecinos del Municipio
San Fernando de
Henares, 17 de enero de 2013
